Concejo Deliberante: Gastan millones y generan normas nulas

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Presenciando la jura de los Concejales me preguntaba por qué en lugar de comprometerse a desempeñar con “lealtad” y “patriotismo” la función para la cual fueron elegidos no lo hacían con “idoneidad” y “honestidad” que son condiciones indispensables para ejercer un cargo público en representación de sus vecinos. Cuantos sinsabores nos ahorraríamos si así fuera. No tardaron mucho en demostrar la ineptitud con la que ejercen sus cargos a la hora de tratar ordenanzas muy importantes y básicas como las que fijan las tasas y contribuciones vecinales y la que ordena cómo y cuantos recursos se disponen para afrontar los gastos en la gestión comunal. En términos precisos se trata de la Ordenanza Impositiva 2024 y el Cálculo de recursos y presupuesto de gastos 2024.

Muy pocas ordenanzas se sancionan en el Concejo Deliberante que estén normadas con procedimientos específicos por parte de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades. Están tan bien explicadas que es bastante sencillo completar el procedimiento siguiendo un criterio lógico que pasaré a explicar.

La Ordenanza Impositiva es la norma que fija el monto de las tasas y contribuciones que deberán pagar los vecinos contribuyentes a lo largo del ejercicio. De allí surgirán los “recursos” de origen propio que contará el municipio para afrontar los gastos de gestión. Como son los únicos recursos de origen propio es que la Constitución y las leyes ponen en manos de los representantes (concejales) y de un grupo de vecinos (mayores contribuyentes) para que reunidos en Asamblea tomen dicha decisión, la cual reviste gran importancia pues es la base de los “recursos municipales” junto con los aportes del gobierno provincial y nacional y otras jurisdicciones. Por ser un caso excepcional de ordenanza es que dichas normas son muy precisas al respecto. Esta Ordenanza Impositiva es elevada por el Intendente al Concejo Deliberante en el cual se estudia y se modifica, rechaza o aprueba en forma “preparatoria” que no es ni más ni menos que un “anteproyecto” que luego será tratado por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para alcanzar su sanción definitiva. Mientras esto último no ocurra no existe Ordenanza Impositiva alguna. Como consecuencia no se podrán calcular los recursos municipales con una base cierta y por lo tanto no puede decidirse cómo y cuánto dinero gastar en la gestión comunal.  Por otra parte las leyes indican que está “prohibido” aprobar presupuestos con déficit y si no se tiene una base cierta de recursos es imposible proyectar gastos. Qué hicieron nuestros Concejales en forma unánime? Aprobaron el Cálculo de recursos y Presupuesto de gastos 2024 antes de tener aprobada “como marca la ley” la Ordenanza Impositiva. Algo ilógico e ilegal. Estos son los primeros pasos del nuevo Concejo. Oscuro porvenir nos espera si continúan así.

Conforme a las leyes el órgano natural que realiza el primer control de legalidad (o constitucionalidad) de las ordenanzas es el propio Concejo Deliberante en tanto órgano productor de normas que han de integrar el ordenamiento jurídico municipal. De allí en adelante dichas normas deberán ser controladas también por el Departamento Ejecutivo en oportunidad de su pronunciamiento promulgando o vetando ordenanzas. También dicen las leyes que : Art. 240 L.O.M.: Los actos jurídicos del Intendente, concejales y empleados de las municipalidades que no estén constituidos según la competencia, forma y contenidos determinados en la presente ley y en las de aplicación complementaria, serán nulos.

Es verdad que estas cuestiones son ignoradas por los ciudadanos comunes pero no pueden desconocer las leyes quienes dicen que se comportarán como patriotas leales a la hora de ejercer sus cargos. Además estas personas cobran sueldos de aproximadamente $ 400.000 por mes para realizar esta labor y el Concejo Deliberante gastará según el presupuesto que “mal aprobaron” $ 161.000.000.- anuales aproximadamente solo en salarios. Para confirmar que se trata de ineptos repasemos el currículum de los Concejales: Dintino, presidente HCD 3er. Mandato; González Estevarena y Espil, expresidentes HCD, 2do. Mandato; Espié, abogado, 2do. Mandato; Heredia, Castillo, Lorena González y Chaluf , dos años de mandato, de Adúriz y Amondarain, miembros comisión de hacienda y legales; Querejeta, Botini y Sanchez , se inician y no hablaron. Mensi ausente. El secretario Gijón, abogado con dos años de ejercicio. Cualquiera que sepa leer y lea un par de veces la Ley Orgánica y el reglamento no podría cometer semejante desatino. Estos señores están tratando un Presupuesto de gastos de $ 11.000.000.000 y durante sus mandatos opinaran como gastamos los pringlenses una suma de aproximadamente $ 50.000.000.000.- y nos habrán costado unos $ 800.000.000.- de salarios. Como nuestro dinero está muy devaluado serían unos 11 millones de dólares por año.

En un programa radial de hoy (20-12-23) el Concejal Espié manifestó que esto no tenía importancia y la Concejal Amondarain presente no lo desmintió. Así que generar una norma fundamental viciada de nulidad absoluta no es importante. Según la apreciación del abogado quienes componían anteriormente el Cuerpo legislativo eran todos unos bobos porque durante los ejercicios 2009 (mandato Mensi), 2018 (mandato Berterret) y 2021, 2022, 2023 (mandato Matzkin) siempre se aprobó el presupuesto correspondiente después de la aprobación definitiva de la Ordenanza Impositiva por Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes como señala “claramente la ley”. Me refiero sólo a esos períodos porque indagué en archivos sólo a modo de ejemplo y seguramente y que yo recuerde esto nunca sucedió desde 2006 hasta la fecha al menos. Espié deberá estudiar más o devolver el título.

Como termina esta historia? Hay dos finales posibles. Que los Concejales reconozcan el error, declaren la nulidad del Presupuesto, convoquen a los Mayores Contribuyentes y aprueben la Impositiva y que el Intendente eleve una nueva ordenanza Presupuestaria para que el HCD la vuelva a aprobar como la ley manda. La otra es que el Intendente vete la ordenanza defectuosa e inválida y procedan como corresponde. Están a tiempo de ahorrar más situaciones bochornosas.
                                                                         
Ing. Agr. Eduardo de Vega
Ciudadano Pringlense
D.N.I. 10.759.808